La salida de Crisanto Grajales Valencia de la Dirección General del Instituto Veracruzano del Deporte no puede convertirse, automáticamente, en una sentencia pública contra su gestión. Y mucho menos puede utilizarse su salida para cargarle responsabilidades que no necesariamente estaban dentro de sus atribuciones directas.
Porque una cosa es dirigir el IVD y otra muy distinta es tener bajo control absoluto las finanzas del Gobierno de Veracruz.
Durante los últimos meses, uno de los reclamos más fuertes de la comunidad deportiva ha sido el retraso en el pago de becas y estímulos.
Cientos de atletas y entrenadores llegaron a denunciar públicamente que acumulaban aproximadamente tres meses sin recibir los recursos correspondientes. También hubo inconformidad por apoyos para competencias, transporte, uniformes y logística de delegaciones.
El problema existe. Negarlo sería absurdo.
Pero también sería irresponsable reducir toda esa problemática a un solo nombre: Crisanto Grajales.
Las becas y los apoyos económicos de los atletas dependen de procesos administrativos y presupuestales que involucran distintas áreas del aparato gubernamental.
El director de un instituto deportivo no tiene una chequera propia ni puede disponer unilateralmente de los recursos públicos.
En otras palabras, si el dinero no llega a la instancia correspondiente, el director del organismo deportivo no puede repartir lo que no tiene.
Y ahí está precisamente una de las preguntas que deberían responderse antes de emitir cualquier juicio definitivo sobre la gestión de Grajales.
¿Quién tenía realmente la responsabilidad de liberar, autorizar y transferir esos recursos?
Porque durante meses, mientras los atletas reclamaban, también habría existido una respuesta recurrente en los pasillos administrativos: de que no hay dinero, hay que controlar el problema.
Si esa versión corresponde a la realidad, entonces el debate cambia completamente.
No se trata de decir que durante la gestión de Grajales todo estuvo bien. Evidentemente hubo problemas y sería absurdo pretender lo contrario. Un director está obligado a responder por la operación general del organismo que encabeza.
Pero ser responsable de una institución no significa ser responsable directo de cada peso que el Gobierno estatal libera o deja de liberar.
Y ahí es donde la crítica debe ser seria.
Crisanto Grajales llegó al IVD con un perfil completamente distinto al de un funcionario tradicional. Llegó como uno de los grandes referentes del deporte mexicano y veracruzano, como atleta de élite, como hombre que conoció desde dentro el sacrificio, la disciplina y las necesidades de un deportista de alto rendimiento.
En enero de 2025 se incorporó al Instituto Veracruzano del Deporte al frente del área de Calidad del Deporte. Tras la salida de Óscar Juanz Roussell asumió posteriormente la conducción del organismo y terminó siendo nombrado director general.
Su experiencia deportiva fue precisamente su principal fortaleza, pero también pudo convertirse en su mayor vulnerabilidad porque una cosa es competir al más alto nivel y otra administrar una estructura gubernamental con presupuestos, procesos burocráticos, intereses políticos y decisiones que muchas veces rebasan al propio organismo.
Ahora, con su salida y la llegada de Gerardo Balandrano Casas, comienza una nueva etapa.
Habrá que observar con atención qué sucede.
Porque cambiar al director no desaparece las deudas, no libera automáticamente las becas, no arregla los problemas de transporte, no entrega uniformes y tampoco resuelve las deficiencias administrativas que pudieron acumularse durante meses.
El verdadero examen comienza ahora.
Si el cambio obedece a una estrategia para corregir errores, bienvenida sea. Si existen responsabilidades administrativas, deberán establecerse con documentos, números y explicaciones oficiales.
Pero si lo que se pretende es convertir a Crisanto Grajales en el responsable absoluto de una crisis cuya dimensión financiera y administrativa rebasa al propio IVD, entonces estaremos frente a una injusticia.
Y el deporte veracruzano no necesita chivos expiatorios. Necesita respuestas. Necesita presupuesto. Necesita planeación. Necesita transparencia.
Y, sobre todo, necesita que los atletas dejen de ser los últimos en la fila cada vez que llegan los problemas económicos.
Crisanto Grajales podrá ser cuestionado por decisiones, estrategias o resultados durante su paso por el IVD. Eso forma parte de la responsabilidad pública.
Pero no puede responsabilizársele de aquello que no estaba bajo su control.
Al final, quizá lo más prudente para Grajales sea guardar silencio, agradecer la oportunidad de haber encabezado el organismo y permitir que el tiempo coloque cada responsabilidad en su sitio.
Porque los cargos pasan, los funcionarios cambian, los discursos también. Pero los documentos, los números y las decisiones permanecen.
Y serán precisamente esos elementos los que, tarde o temprano, determinen quién hizo qué, quién pudo resolverlo y quién simplemente terminó pagando una factura que quizá no le correspondía.
Ahora le toca a Gerardo Balandrano.
Su nombre trae consigo una historia dentro del deporte veracruzano, pero también una enorme responsabilidad. Las épocas brillantes pertenecen al pasado; el presente no se gobierna con recuerdos.
A partir de ahora tendrá que demostrar con hechos que el cambio no fue solamente de nombre.
Porque si las becas siguen sin llegar, si los apoyos continúan retrasándose, si los atletas siguen reclamando y si los problemas administrativos permanecen intactos, entonces quedará demostrado que el problema nunca fue solamente Crisanto Grajales.
Y esa será, quizá, la pregunta más incómoda que deberá responder el deporte veracruzano:
¿Se cambió al director para solucionar el problema o simplemente se cambió al director para que cargara con él?
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